No pudo ser más inoportuna, indolente y desafortunada la frase del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el secuestro de la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez por parte del ELN en Arauca y en compañía de sus dos hijos menores, uno de ellos autista.
“Fue un acto imprudente. Aquí hay un exceso de confianza de la sargento ”, respondió Velásquez, cuando los periodistas preguntaron por las circunstancias del secuestro de la suboficial, quien fue liberada junto a sus hijos cuatro días después, gracias a la masiva presión social que desencadenó el acto criminal del ELN.
Más allá de las lamentables declaraciones del ministro de Defensa, el secuestro de la sargento Ramírez y de sus dos pequeños hijos muestra el grave deterioro de la seguridad en todo el territorio nacional. No hay un solo lugar donde los colombianos puedan estar seguros. Hasta el control territorial está siendo disputado a las Fuerzas Militares y de Policía por parte de grupos guerrilleros, organizaciones narcotraficantes y grupos criminales de toda naturaleza. No hay respeto por la autoridad, ni temor a la Justicia.
Mientras el país navega en un mar de incertidumbre y zozobra , en lo que tiene que ver con el orden público, el gobierno de Gustavo Petro parece desbordado por los acontecimientos. Ni el ministro de Defensa, ni el comisionado de Paz, Danilo Rueda, han logrado articular un mecanismo efectivo que permita creer que la llamada “Paz Total”, pregonada por Petro, será una realidad.
Las masacres se han incrementado en un 61,2 por ciento desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. Los secuestros subieron el 162 por ciento en los primeros 5 meses del 2023. Este año han sido asesinados 85 líderes sociales, entre ellos César Tapias, muerto hace pocos días en Ituango, Antioquia.
Fuente: INDEPAZ Las extorsiones están disparadas en las principales ciudades, como sucede en Barranquilla, donde desde las cárceles los delincuentes ordenan masacres y aterrorizan a tenderos y comerciantes. Lo mismo pasa en Buenaventura, sitiada por bandas criminales que se disputan el multimillonario negocio del narcotráfico. En la mismísima Bogotá la alcaldesa Claudia López afirma que las “disidencias” reclutan menores en las calles, mientras los alcaldes del Sumapaz –puerta de entrada a la capital del país– denuncian el crecimiento de grupos guerrilleros en la zona. En Sucre, el gobernador Héctor Olimpo Espinosa sostiene que los candidatos a alcaldías en el departamento deben contar con el visto bueno de los delincuentes para poder hacer campaña. El gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, por su parte, afirma que “ya se perdió la mitad del departamento”. En el Chocó su gobernador sostiene que el paro armado declarado por el ELN tiene aislado al departamento. “Hoy estamos peor que en la pandemia”, dice resignado.
En Bucaramanga los delincuentes hacen explotar una camioneta de la Policía, causando muertos y heridos. En las calles de Cúcuta secuestran a comerciantes y se los llevan para el Catatumbo, ante las narices de las autoridades, que lucen impotentes ante la arremetida violenta.
El país está desmadrado en lo que tiene que ver con el orden público. La apuesta de Petro por la paz total carece de una hoja de ruta que les dé confianza a los colombianos. Pocos creen en ella. Desconfían de sus protagonistas, delincuentes acostumbrados a timar gobiernos ingenuos o demasiado ambiciosos. No hay en ellos ninguna muestra de convicción política por lograr la reconciliación, ni mucho menos el menor acto de contrición. Su cinismo espanta y su desvergüenza aterra.
¿Qué está pasando con el orden público? ¿Está el gobierno perdiendo la guerra contra los delincuentes?
¡Ya basta de tanta justificación a criminales!
La cruel realidad del país hoy por hoy muestra que el Estado no está en capacidad de garantizar los derechos fundamentales de todos los colombianos. Punto. Aquí los únicos que parecen tener derechos son los bandidos y delincuentes. Esa es la sensación que cada día se apodera de millones de colombianos, que ven como se deteriora la seguridad en todo el territorio nacional. Ante los actos de terror de los delincuentes el Gobierno responde con pasmosa generosidad, que produce de inmediato el efecto de empoderarlos más. El comisionado de Paz ha tenido la desfachatez de agradecerles a los guerrilleros del ELN el “gesto humanitario” de devolver a los secuestrados. El ministro de Defensa responsabiliza a la sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez de ser la culpable de su secuestro, junto a sus dos hijos. El presidente Petro no dice que la suboficial fue “secuestrada” por el ELN, sino que fue “tomada” por ese grupo guerrillero. Ante tantas justificaciones oficiales, bien vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el miedo de llamar las cosas por su nombre? ¿A quiénes defienden nuestras autoridades ? ¿A los delincuentes, al punto de justificar todos sus actos, aún los más ruines y crueles? ¿Entiende el Gobierno nacional qué hay millones de colombianos que viven en constante zozobra por cuenta de los grupos criminales? ¿Qué medidas va a tomar para evitar el desplazamiento de comunidades enteras, como sucede en Caquetá y Meta, que huyen de los grupos guerrilleros a los que el Gobierno les justifica todos sus actos?
Reuters
¿Quién defiende a la población civil?
La confrontación armada entre grupos criminales, que se disputan territorios y negocios multimillonario s, como el narcotráfico y la minería ilegal, tiene a nuestras Fuerzas Armadas haciendo el vergonzoso papel de “testigos mudos”. Sucede en el Catatumbo, en los Llanos del Yarí, en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca antioqueño y en otras decenas de lugares del país. Ante sus narices se producen masacres y desplazamientos forzados. Nadie actúa. Unos lo hacen por temor de no recibir el respaldo solicitado a la hora de la confrontación armada, como sucedió en Caquetá, donde la orden que recibieron los soldados de sus superiores fue la de “no actuar”. Otros, porque consideran que su actuación terminar á en manos de la Fiscalía, la Procuraduría o distintos organismos de control, quienes los “empapelarán” y acabarán con sus carreras. Otros consideran que “no vale la pena hacerse matar” por quienes “siempre nos han visto como sus enemigos, aunque ahora sean nuestros jefes”. Mientras tanto, la población civil sigue siendo el blanco preferido de los delincuentes, quienes saben muy bien que el Estado no hará nada por defender a quienes tiene la obligación de hacerlo.
Luis Robayo / AFP
¿Quién pone fin al aluvión de extorsiones que salen desde las cárceles?
Pero el Estado colombiano no solo esta perdiendo la ventaja geoestratégica del territorio, como sucede en varios departamentos, cuyos gobernadores claman al Gobierno nacional por una inmediata solución a la crisis de orden público que atraviesan. También sucumbe en las principales ciudades, donde el temor no es que la guerrilla o las organizaciones narcotraficantes se queden con buena parte del territorio, sino que las masivas extorsiones que salen de las cárceles produzcan un gran éxodo de comerciantes y por consiguiente una grave crisis económica. Las cárceles son un nido de criminales, que se dedican a extorsionar, amenazar y hasta ordenar masacres y asesinatos. Gremios, como los tenderos en el caso de Barranquilla, padecen todos los días la violenta arremetida de los delincuentes. Muchos de ellos se han visto obligados a cerrar sus tiendas, porque su situación se volvió insostenible. ¿Quién controla al Inpec? ¿El Gobierno nacional o los delincuentes? ¿Quién pone freno al aluvión de extorsiones que a diario salen de sus celdas? ¿Tampoco el Gobierno es capaz de poner orden en las cárceles?
El Heraldo
Más allá de las “visitas presidenciales”
El presidente Petro cree que hacer presencia temporal en los territorios es la solución a las crisis. Eso no es cierto. No es un asunto de presencia física del gobernante, ni mucho menos. Es algo mucho más complejo, que consiste en diseñar políticas públicas que se traduzcan en hechos concretos, realizables, verificables y auditables. La presencia física del presidente y sus ministros hace parte del show que tanto nos gusta a los colombianos. A La Guajira el Estado colombiano no llega en camionetas Toyota blindadas cuatro puertas, esas que hacen parte de la caravana presidencial. ¿Dónde están, por ejemplo, los recursos para la construcción del “gran aeropuerto internacional” que se construirá –según Petro– en el norte de La Guajira? ¿En el Plan Nacional de Desarrollo? ¿El Ministerio de Hacienda tiene la disponibilidad de esos recursos? ¿Dicho aeropuerto es una prioridad en estos momentos en un departamento con tantas carencias como La Guajira? Lo mismo podría suceder en Buenaventura, a donde también llegó Petro con las “soluciones” a sus graves problemas. La “visita presidencial” no es suficiente si no viene acompañada de una verdadera política pública que se ocupe de los graves problemas de los territorios. Los titulares de prensa no gobiernan, ni ejecutan obras, ni quitan el hambre, ni evitan las masacres. Punto.
Foto: Presidencia
